De derechos chutos (Los Tiempos, 2014)


El periódico La Razón informa que en el norte potosino algunos ayllus realizan censos para registrar la propiedad de vehículos indocumentados: “Autos Indocumentados Ayllu Aymaya Gestión 2014”, reza la boleta.

Los Tiempos da cuenta que en el trópico cochabambino existe una “Asociación de propietarios de vehículos indocumentados con 4 mil integrantes”, mientras que de acuerdo a datos de Bolivisión Cochabamba, en la zona andina del departamento el número de automotores indocumentados (chutos) alcanzaría las 6 mil unidades.

Según la Aduana Nacional, en Bolivia existen 17 rutas por donde los contrabandistas ingresan autos chutos siendo las más utilizadas Challapata (Oruro), Uncía (Potosí), Ivirgarzama (Cochabamba), Yungas (La Paz) y Guayaramerín (Beni).

La población recordará que esta actividad ilícita ha cobrado la vida de un par de funcionarios fiscalizadores, y el despido de autoridades policiales que no solo se han negado a “enfrentar las fuerzas de la ley con las del pueblo trabajador” sino que han sido descubiertas en actos de complicidad, encubrimiento y soborno. Los bolivianos honestos también recordarán cómo hemos tenido que soportar la vergüenza plurinacional de “nacionalizaciones” de autos indocumentados que, ante el aplastamiento de una “bola de nieve” de gran tamaño, han acabado por legalizar lo ilegal.

A pesar de todo ello, lo verdaderamente extraordinario son los argumentos que los chuteros organizados en sindicatos, asociaciones, ayllus y demás formas “orgánicas” emplean: “Tenemos derecho al trabajo”, “son nuestra herramientas de trabajo”, “con eso llevamos pan a nuestros hijos”, “somos pobres”, “vamos a defender nuestro derecho”.

En síntesis, estas organizaciones delincuenciales han dicho que no permitirán que “se les quite el derecho al trabajo”, argumento con el que han puesto en jaque al gobierno que a través del Control Operativo Aduanero COA, la Policía Boliviana y las empresas de expendio de combustible, intentan controlar una situación que a todas luces se les ha escapado de las manos y ante la cual no tiene la moral suficiente.

Cuando se hizo público el escándalo en torno a la empresa de catering de la cuñada del vicepresidente García Linera, algunos miembros del Movimiento al Socialismo, entre los que se anotan Senadores y Diputados, expresaron los mismos argumentos: “Todos tenemos derecho al trabajo”, dejando en claro que los familiares del mandatario podían ganarse el pan de cada día haciendo negocios con una empresa del Estado.

Los mismos Senadores y Diputados acaban de aprobar una norma que legisla el trabajo infantil a partir de los 10 años de edad. El proyecto planteaba que la edad mínima fuera de 14 años, pero la presión de los propios menores quienes alegaron su “derecho al trabajo al vivir en condiciones de pobreza”, hizo que las autoridades bajaran ese mínimo a 10 años para niños que trabajan por cuenta propia y a 14 para los que tienen una relación de dependencia con un empleador. Se estima que esta Ley dará amparo jurídico a aproximadamente 850 mil menores de edad.

Nadie pondría en duda la frase de Marx “el trabajo dignifica al hombre”,  pero de ahí  a convencernos de la “dignidad” del pichicatero, del sicario, del ladrón, del contrabandista, del usurero, del negrero o del chutero, es tropezar en la más bárbara e inaceptable confusión de valores.  Ni la más extrema pobreza o la peor necesidad material deberían justificar la transgresión de la Ley y menos de los principios éticos y morales.

Sería bueno aprovechar el proceso de cambio para liquidar mañitas aprendidas de épocas hoy tan cuestionadas. Este cambio debe, necesariamente,  alcanzar al conjunto de los bolivianos, desde los más ricos hasta los más pobres porque nadie tiene derecho al trabajo chuto.

Para acceder a la publicación de Los Tiempos:

http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20140718/de-derechos-chutos_266974_585446.html

 

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