Víctimas del sexo y la impunidad (Los Tiempos, 2012)


“El Estado incurre en una permanente y sistemática acción de omisión, mientras que la sociedad civil mantiene una actitud contemplativa y de evasión del problema”, denunció Julieta Montaño, directora de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) durante la presentación del libro Violencia Sexual e Impunidad en Cochabamba, investigación que revela el elevadísimo porcentaje de impunidad que existe en relación a hechos de violencia sexual en el departamento.

Solo el 2 por ciento de estos casos termina con una sentencia. Esta cifra no deja en duda la escandalosa crisis en la que se encuentra el sistema judicial boliviano cuyo resultado es la impunidad que, por su parte, provoca que las víctimas desistan de denunciar el delito, convirtiéndolas en víctimas también de un sistema plagado de disfunciones consideradas inaceptables en cualquier sociedad del Siglo XXI.

La falta de cobertura judicial, los altos costos que significa contratar a personal experto en la materia, mantener una visión centralista de la administración de justicia, el escasísimo presupuesto que el Estado destina al sistema judicial, y el perfil profesional de los abogados son -a decir del constitucionalista José Antonio Rivera- algunas de las causas que inciden en la precaria presencia del Estado.

Para no creer: del 1 por ciento de asignación presupuestaria que recibe la administración de justifica, “el grueso” se destina al ítem 100; es decir, a sueldos y salarios, explica Rivera quien hace notar que el gobierno ha hecho esfuerzos por cambiar a las personas, a los administradores de justicia, pero ha hecho muy poco en mejorar los aspectos estructurales ya mencionados.

“Justicia que tarda no es justicia”, dice Montaño a tiempo de presentar a Hilaria y a Pablo, esposos de origen quechua que con el propósito de encontrar mejor destino para su hija de 12 años, creyeron que la maestra era la persona indicada para responsabilizarse por el futuro de la niña. La profesora puso a la muchachita en situación de vulnerabilidad y el esposo aprovechó para violarla.

El juicio duró 9 años durante los cuales el agresor y su familia ofrecieron –como suele suceder- dinero y bienes a los padres de la niña quienes –pese a estar sumidos en la pobreza material-  no aceptaron negociar. Hoy, con lágrimas en los ojos, los padres agradecen a la OJM por haber luchado en busca de justicia; lucha que significó -también-  sortear infinidad de desventuras de un sistema judicial poco menos que repugnante y aterrador.

Pese a todas las dificultades “no podemos perder la esperanza de ser capaces de luchar por la dignidad humana” expresa la directora de la OJM, instancia que, coherente con la labor que realiza a diario, se ha preocupado por documentar la realidad que existe en torno a los hechos de violencia sexual en Cochabamba.

El acceso a esta información ha sido muy difícil; hemos encontrado que no hay cifras coincidentes en las distintas instancias, que manejan datos dispares, muchos casos no han sido documentados incluso, revela Montaño quien insiste en que “el gobierno debería invertir en justicia en vez de gastar recursos en la compra de aviones porque todas y todos deseamos que la impunidad sea la excepción y no la regla”.

Resulta preocupante que sólo 2 de cien mujeres violadas en Cochabamba, encuentren algo de paz en la justicia. Habrá que exigir al sistema mayor seriedad y humanidad; incidir en los asuntos vitales y no en las “faranduleadas” como las que reviste la preocupación de unas clases políticas y sociales extraviadas en el orden de valores éticos que provoca que creamos que la víctima es la culpable.

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